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va avion 696x522El dictamen responde positivamente a un pedido de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná. El juez Oscar Benedetto prohibió fumigar a 1000 metros de las escuelas y a 3000 en caso de que la aplicación sea aérea.

Por un fallo judicial sin precedentes, la justicia de Entre Ríos prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. Así lo determinó un amparo judicial inédito, que protege todas las escuelas de la provincia, solicitado por asambleas y organizaciones socioambientales. En paralelo, un proyecto de ley plantea la emergencia ambiental y sanitaria en Entre Ríos.

Desde hace más de 15 años las organizaciones sociales y familias fumigadas de Entre Ríos denuncian el avance transgénico. El Foro Ecologista de Paraná es un espacio de referencia en la lucha por el ambiente sano en la región. El 22 de agosto pasado presentó un amparo para proteger a los niños y trabajadores de escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre.

“Es imposible de obviar que el modelo de producción agrícola puede generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a los cultivos, pero que muy probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población rural”, se lee entre los fundamentos del fallo, de 21 páginas.

Ademas de las distancias de protección, el amparo es innovador porque abarca a todas las escuelas de la provincia (que los denunciantes precisan en 1023), afecta a todos los agrotóxicos (no sólo el herbicida glifosato), suspende en horario de clases a cualquier distancia todas las fumigaciones, ordena al Estado entrerriano a hacer estudios para analizar la situación general de las afecciones en el ambiente y salud, y lo condena a que en dos años se implanten barreras arbóreas a 150 metros alrededor de todas las escuelas rurales.

Todos los martes desde hace casi una año se marcha frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos contra las fumigaciones y el modelo transgénico. La actividad, organizada por la “Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos. Basta es basta”, ya lleva 38 movilizaciones. También se manifiestan en las ciudades de Crespo, Villaguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria y Basavilbaso, entre otras.

“La movilización ha demostrado ser el camino para visibilizar, fortalecer y conseguir los avances. Celebramos el reciente fallo de la justicia entrerriana, representa un avance por la vida de les niñes y la comunidad educativa entrerriana”, explicó la Coordinadora. Instaron al Poder Legislativo a que declare la emergencia sanitaria y ambiental en la provincia (existe un proyecto de ley presentado por el presidente de Diputados, productor agropecuario y ex gobernador, Sergio Urribarri). “Se debe avanzar en el fomento real a la agroecología para avanzar en un cambio positivo de la matriz productiva. Queremos una vida sin agrotóxicos y con soberanía alimentaria”, reclamaron desde la Coordinadora.

El juez Benedetto tuvo presente el principio precautorio vigente en la Ley General del Ambiente (25675): “En materia ambiental se impone la necesidad de adoptar un criterio de precaución (…) El peligro inminente se materializa en la amenaza de la aplicación de los agrotóxicos. Y destaco que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos”.

El juez señala que el avance de la soja transgénica “ha provocado una profusa aplicación de tóxicos que repercuten en el medio ambiente y lo contamina, de modo que resulta imprescindible ejercer un intenso control estatal para prevenir al máximo posible los problemas de salud”.

En octubre de 2017, producto de la lucha de la docente Mariela Leiva y del gremio docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos —que también intervino en el reciente amparo—), el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay sentenció que fumigar escuelas es delito y condenó a un empresario fumigador, un piloto y un productor agropecuario a 18 meses de prisión por fumigar la escuela rural 44 de Santa Anita. En marzo pasado, la escuela 54 del barrio Perucho de San José fue fumigada en horario de clase. Hubo niños intoxicados y decenas de evacuados.

El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno provincial de Gustavo Bordet, pedido por el secretario de Producción, Alvaro Gabás. “Pareciera que en el Gobierno prima la lógica de preservar el beneficio económico particular por sobre la defensa de un bien colectivo como la salud y la vida de nuestros niños y niñas que aprenden en contextos de absoluta vulnerabilidad”, cuestionó Aldana Sasia, abogada de la Coordinadora y del Foro Ecologista de Paraná.

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